jueves, 31 de octubre de 2013

El PSOE no logra apoyos para dar delitos de corrupción a la Audiencia Nacional

Nacional

EFE: El diputado socialista Javier Barrero ha defendido la proposición de ley como una medida de choque contra el cáncer más importante de la democracia .Considera que darle esas competencias daría mayor rapidez, uniformidad de criterios y objetividad en la instrucción y enjuiciamiento .El resto de fuerzas parlamentarias no piensan que sea la mejor opción para luchar contra la corrupción.El grupo socialista no ha conseguido el apoyo del resto las fuerzas parlamentarias para sacar adelante en el Congreso su propuesta de atribuir a la Audiencia Nacional las competencias en delitos de corrupción política.El diputado socialista Javier Barrero ha defendido la proposición de ley que ha llevado su grupo al pleno como una medida de choque para combatir el cáncer más importante de la democracia , en un momento en el que a la crisis económica se ha unido una grave crisis política y otra moral y ética con consecuencias devastadoras. La corrupción es una enfermedad que mata a la democracia , ha dicho Barrero, que ha apostado por luchar contra esa lacra con una terapia de choque , como la que propone el PSOE, que reclamaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la Audiencia Nacional se encargue de los delitos de corrupción política y lograr así mayor rapidez, uniformidad de criterios y objetividad en la instrucción y enjuiciamiento.Esa modificación supondría encargar a la Audiencia Nacional los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y delitos urbanísticos cuando sean cometidos con participación de cargos públicos.Ninguna otra fuerza política, sin embargo, ha apoyado esta propuesta que forma parte del paquete de iniciativas anunciadas por los socialistas para avanzar en la lucha contra la corrupción, aunque todos comparten con Barrero la necesidad de adoptar medidas eficaces y ágiles contra estos delitos.Sin apoyo de otras fuerzas políticasDesde el PP, el diputado Jaime Eduardo de Olano ha coincidido en que la corrupción es un cáncer que hay que extirpar de la vida pública, pero ha recordado que el Gobierno ha presentado ya un ambicioso plan de regeneración democrática con más de 40 medidas para cerrar el paso a estos delitos.Un plan más completo, según Olano, que la proposición del PSOE, partido al que ha advertido de que en estos asuntos no se debe improvisar, poner parches en la legislación o buscar un efectismo mediático .El diputado del PP ha reiterado la mano tendida del Gobierno y ha instado a los socialistas a llegar a acuerdos en torno a estas medidas y no quedarse fuera , como ocurrió con la Ley de Transparencia, ya que cree que ni los votantes ni la sociedad entenderían que el PSOE se quedará al margen de la lucha contra la corrupción.Izquierda Unida tampoco apoya la propuesta del grupo socialista, según ha explicado el diputado Gaspar Llamazares, que ha considerado que —como cualquier otra terapia de choque— tiene el peligro de no abordar realmente el problema, sino sólo los síntomas, y provocar efectos secundarios no deseados. Llamazares ha insistido en que la Audiencia Nacional no es más ágil ni más independiente, como se ha demostrado con los casos Gürtel o Bárcenas, por lo que cree que aumentar sus competencias no sería la solución. Desnaturalizaría el tribunal En esta misma línea, la líder de UPyD, Rosa Díez, ha señalado que atribuir esos delitos a la Audiencia Nacional desnaturalizaría el tribunal y haría imposible su tarea, provocando además un aforamiento universal para todos los cargos públicos, cuando este partido considera precisamente ése uno de los mayores obstáculos para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.La diputada de CiU Merce Pigem también ha coincidido en que la Audiencia Nacional ya se ocupa de algunos delitos de corrupción y no ha evitado ni la llamada pena de telediario, ni los retrasos en la instrucción ni otros problemas causados por el aforamiento. CiU, por el contrario, como proponía en su programa electoral, es partidaria de la supresión de este tribunal y de que se respete la competencia del juez ordinario predeterminado por la ley.El diputado del PNV Emilio Olabarria ha añadido que su partido que nunca ha creído en la Audiencia Nacional, ahora tampoco es partidario de aumentar sus competencias.Por último, desde el grupo Mixto, el diputado Sabino Cuadra de Amaiur ha apostado igualmente por la desaparición de la Audiencia Nacional, tribunal al que ha calificado como heredero del Tribunal de Orden Público franquista.

 

 

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