miércoles, 13 de noviembre de 2013

Fabra establece como prioridad cortar las emisiones de Canal 9 para evitar otro motín

Días de reflexión en la Generalitat valenciana tras el tsunami provocado por la decisión de cerrar Canal 9. Y una prioridad tras la tormenta: bajar la persiana de forma efectiva y cortar cuanto antes las emisiones de la radio y televisión públicas.



Con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, evitar que los trabajadores se amotinen y vuelvan a tomar la programación, como ocurrió en las horas posteriores al anuncio del cierre, con el consiguiente desgaste político para el gabinete de Alberto Fabra. Y segundo, acotar en el tiempo el problema y limitar el daño en términos de imagen para la Comunidad y para propio el Gobierno regional. Poco ayuda en las últimas horas la entrada de la Policía en la sede de la sociedad en busca de pruebas de la trama Gürtel.



Según explican fuentes próximas al Ejecutivo, el cierre definitivo de la cadena pública es incluso prioritario a resolver la situación contractual de los 1.700 trabajadores que componen la plantilla, una vez la justicia declarara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) acordado por la Dirección. “Cuando se haya ido a negro la televisión, a finales de mes o principios del siguiente, se abordará la cuestión de los profesionales, aunque puede pasar algún tiempo hasta que se liquiden las sociedades y se lleve a cabo un ERE de extinción”, explican estas fuentes, bajo condición del anonimato.

En efecto y según el timing fijado por la Generalitat, la cuestión debería ser cuestión de dos semanas. No en vano está previsto que el Parlamento valenciano apruebe el próximo día 27 una proposición de ley que contempla la “supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómica, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radio Televisión Valenciana, SAU”. Apenas deberían pasar días desde que se complete ese hito hasta el fundido a negro. No obstante, las conversaciones estos últimos días en el seno del Gobierno pasaban por buscar salvaguardas por si no era posible aguantar.

 

No es casualidad que el Decreto Ley 5/2013, aprobado por Presidencia el pasado jueves para “garantizar la prestación del servicio público” y que nombraba nuevo director general de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), dejara abierta la puerta a tomar excepcionales. 
 

En este sentido, se admitía que no podía “asegurarse la debida protección de los activos de una entidad perteneciente al sector público, con el riesgo que ello conlleva”, al tiempo que se admitía el vacío de poder para “funciones de tanta trascendencia como la autorización de pagos y gastos (…) y en general todas aquellas que de acuerdo con la normativa aplicable corresponden a los órganos de gobierno”.
Cuestión de imagen
La otra gran preocupación entre los miembros del Gobierno de la Generalitat es salir al paso de la imagen de improvisación que se ha trasmitido en todo el proceso. Y desde luego, dejar claro que la medida no se tomó sin contar con un plan B, como aseguran sin recato fuentes próximas al presidente del Ejecutivo regional. “Fabra se quedó lívido cuando le leyeron la sentencia. No lo esperaba”, explicaban a este periódico. Existiera o no esa hoja de ruta, lo cierto es que el Ejecutivo todavía no ha expresado cómo se gestionará el día después al apagón. ¿Una nuevo modelo todo externalizado al estilo de Castilla y León? “Es prematuro”, apuntan fuentes próximas al gabinete.
Cuesta trabajo pensar, no obstante, que puedan difuminarse de un plumazo los objetivos que los propios Presupuestos de la comunidad para 2014 concedían a la RTVV. Entre ellos, “contribuir a la normalización de la lengua, la vertebración del territorio y la cultura propias de la Comunitat Valenciana”. También “promover la difusión y conocimiento de las producciones valencianas” e impulsar el sector audiovisual regional para “contribuir a la dinamización económica y la creación de empleo”. El cierre pone al borde del abismo a una gran parte de las productoras regionales, que no hace demasiado concurrían en masa al concurso de externalización de contenidos convocado por la cadena. Eran otros tiempos.

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