miércoles, 1 de enero de 2014

EUPV espera que en 2014 se acaben los casos judiciales que afectan al PP y se aparte de la vida pública a los implicados

Valencia

EUROPA PRESS: El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes Lluís Torró ha afirmado este martes que espera que en 2014 se acaben los procesos judiciales que afectan al PP y que todos los responsables directos sean como mínimo apartados de la vida pública y que se les obligue a ingresar en prisión , en aquellos casos en que sean necesario, y devolver el dinero que han estafado a miles de ciudadanos . El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes Lluís Torró ha afirmado este martes que espera que en 2014 se acaben los procesos judiciales que afectan al PP y que todos los responsables directos sean como mínimo apartados de la vida pública y que se les obligue a ingresar en prisión , en aquellos casos en que sean necesario, y devolver el dinero que han estafado a miles de ciudadanos .Ampliar foto Torró ha recalcado que 2014 empezará cómo ha acabado 2013 , con un desfile de cargos públicos y altos dirigentes del PP por los juzgados por su presunta implicación en casos de corrupción. El diputado de la formación de izquierdas ha hecho referencia en un comunicado a la declaración del presidente de las Corts, Juan Cotino, en calidad de testigo, ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta existencia de una contabilidad B en el PP. En este caso, se trata nada menos que del presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, que deberá declarar como testigo por la imputación de su sobrino, Vicente Cotino, que es el que dirige el entramado de empresas familiares, que ha tenido unas relaciones privilegiadas con la Generalitat Valenciana y que también se encuentra imputado por el tema de la financiación irregular del PP en el caso Gürtel en una querella que ha sido protagonizada por IU , ha apuntado. El parlamentario ha confiado en que 2014 sea el año en que se acabe definitivamente con todos estos procedimientos judiciales y en el que todos los responsables directas sean, como mínimo, apartados de la vida pública y que se los obligue a ingresar en prisión, aquellos que sean necesarios, y devolver el dinero que han estafado a miles de ciudadanos y ciudadanas .

 

 

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